Tal vez sea una equivocación de mi parte calificar con luces y sombras la política agraria de Petro, pero siento que, estando en el despojo a los campesinos la primera causa de los problemas que se deben resolver con tal política, es a los despojadores a quienes corresponde atender los costos de tan justa reparación.
No ha sido así. La política del gobierno está llevando a que seamos los demás colombianos los que tengamos que asumir tales costos con los recursos del presupuesto nacional, que en buena parte se están utilizando para comprarles tierras a quienes las usurparon, en desmedro de soluciones a la problemática de otros sectores que demandan también pronta atención.
En el fondo de esa actuación del presidente está el cumplimiento de su promesa de campaña de no expropiar, la cual, por lo demás, fue hecha sin considerar la existencia de un mandato constitucional proveniente de 1936, año en que quedó claramente establecida la función social de la propiedad, cuyo cumplimiento no puede garantizarlo el Estado si no cuenta con la figura de la expropiación.
Hay, sin embargo, unos resultados que atenúan la acidez de esta crítica, aunque no la desvirtúan ni me llevan a renunciar a ella. Son resultados que tienen que ver con la reparación de que están siendo objeto los campesinos y sus comunidades, luego de haberles sido negada por los gobiernos de Santos y Duque.
Esa reparación da cuenta de que bajo Petro se han formalizado 1.5 millones de hectáreas de tierra que estaban en manos campesinas, pero sin que sus propietarios pudieran contar con una escritura pública que les permitiera demostrar su propiedad. Este, que podría ser visto como un hecho de relevancia meramente notarial, es de gran importancia, toda vez que lleva aparejados otros beneficios, como, por ejemplo, el derecho a líneas de crédito, al cual no podían acceder por no tener cómo acreditar su condición de propietarios.
De igual manera, durante este mismo mandato se han gestionado más de 570 mil hectáreas, de las cuales 370 mil fueron compradas a precios comerciales, 187 mil recuperadas judicialmente y 13 mil que estaban en manos de la Sociedad de Activos Especiales.
Estas cifras, debo reconocerlo, representan un logro histórico para un movimiento campesino que viene luchando por décadas en procura de soluciones como las mencionadas, amén de otras con las que también se han beneficiado sus comunidades, dentro de las cuales están consideradas también las indígenas, negras, raizales y palenqueras. Ojalá la suma algebraica de estas críticas y logros den mayores luces para seguir avanzando hacia una mayor equidad social en este sector de nuestra sociedad.
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