La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro de la investigación de asesinatos y desapariciones forzadas en el Caribe colombiano decidió llamar a tres mayores generales, dos brigadieres generales, oficiales y suboficiales. Los investigadores del macrocaso número tres, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combates por agentes del Estado, deben sacar a la luz la verdad sobre al menos 604 personas reportadas como “falsos positivos”.
Dentro de las víctimas de los militares habrían: 31 miembros de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, 26 menores de edad, 20 niños, uno de ellos indígena, 6 niñas, 14 mujeres y 122 personas sin identificar entre otros. Por los diferentes casos fueron imputados los generales en retiro Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarro Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, y entre los brigadieres generales llamados aparecen Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez, ambos en retiro.
El fenómeno presentó un aumento entre los años 2004 y 2007, siendo el 2007 el periodo de mayor auge de la práctica atroz. En ese año se alcanzó un total de 257 involucrados. El método utilizado por los militares se dividió en dos. En el primero las víctimas fueron señaladas como miembros o colaboradores de grupos insurgentes como las FARC o el ELN, en la segunda modalidad se atraían a personas en condición de vulnerabilidad mediante engaños con falsas promesas de dinero.
La JEP para buscar la verdad emitió medidas cautelaras en tres sitios de interés, el cementerio San Juan del Cesar (Guajira), el cementerio de Sucre (Sucre) y el cementerio alterno de El Copey (Cesar). De forma general dentro de las investigaciones concluidas de 14 víctimas identificadas, 13 fueron asesinadas en el Caribe, un caso famoso fue el de Oscar Alexander Morales Tejada, quien fue el último hijo de las madres de Soacha en ser identificado.
Con el tiempo la JEP determinará la responsabilidad de los involucrados y encontrar la verdad detrás de lo ocurrido.
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