Un respiro para el bolsillo de unos y un apretón para el de otros. Así se resume el cambio radical que se vendría para la factura de la luz en Colombia. El Ministerio de Minas y Energía, en respuesta a las quejas constantes por los supuestos costos exorbitantes del servicio, ha decidido tomar el toro por los cuernos. En agosto llegará al Congreso un proyecto de ley que promete poner fin a años de incrementos y traer un poco de equidad a un sistema que, para muchos, era a todas luces injusto.
¿Quiénes pagarán menos por la luz?
La buena noticia es para los hogares de estratos 1, 2 y 3. El plan del Gobierno es que la pesada carga de la "opción tarifaria" —una deuda generada para que las empresas de energía pudieran diferir costos— ya no recaiga sobre ellos.
Con el nuevo proyecto, esta deuda pasará a ser asumida por los estratos más altos y el sector productivo. Esto se traducirá, si todo sale como está planeado, en una reducción directa y palpable en la factura mensual de millones de familias vulnerables que han visto cómo sus ingresos se van en pagar los servicios públicos.
Eso sí, el subsidio tendrá una condición. El alivio será para quienes consuman de manera responsable. Los hogares de estratos bajos que superen el doble del consumo de subsistencia establecido perderán el beneficio, asegurando que la ayuda llegue realmente a quienes más la necesitan y no a quienes derrochan.
Los estratos 4, 5 y 6 a pagar más por la luz
La otra cara de la moneda la verían de ser aprobado el proyecto los estratos 4, 5 y 6, además de los sectores industrial y comercial. Serán ellos quienes, asumirían el costo de la deuda de la opción tarifaria. Para el Gobierno, es una cuestión de equidad: quienes tienen mayor capacidad de pago deben contribuir más para sostener el sistema. ¿Pero esto si es viable?
Este ajuste busca no solo aliviar a los más pobres, sino también sincerar las tarifas. Durante años, los gremios como Asoenergía han advertido que los costos de la energía en Colombia, que en algunos casos se han trepado hasta un 30%, le restan competitividad al país y golpean el presupuesto de todos. Con esta redistribución de cargas, se esperaría que el sistema sea más transparente y eficiente.
Un revolcón a la entidad que fija las tarifas
El cambio no se quedaría solo en el recibo. La propuesta incluye una reestructuración de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la entidad técnica que decide cuánto nos cuesta la luz y el gas. El objetivo es que las decisiones no dependan únicamente de un grupo cerrado de expertos, sino que se abra la puerta a más voces.
"El nuevo marco legal que presentaremos buscará, entre otras cosas, optimizar la estructura de costos, incentivar el uso eficiente de la energía y hacer más transparente la formación de tarifas”, explicó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía según ValoraAnalitik.
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