En las últimas fechas, con desgarrador dolor, el país se dio cuenta del atroz crimen cometido contra una persona de la comunidad trans conocida como Sara Millerey, la cual fue golpeada, torturada y arrojada a una quebrada para luego morir en el hospital debido a los múltiples traumatismos recibidos.
Sin lugar a dudas, un crimen atroz que merece toda la atención pública y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables.
Aun así, debemos ir mucho más allá de esto e indagar cómo es que hemos llegado a un crimen tan repugnante que nos hace cuestionar nuestra calidad como sociedad supuestamente civilizada e incluso como supuestos seres humanos, pues la naturaleza de este acto tan vil es de una barbarie tan grande que incluso se adentra profundamente en la bestialidad.
¿Hay transfobia detrás de este vil acto? Seguramente. Sin embargo, hay que aclarar que en esa misma quebrada se han encontrado en diversas ocasiones a personas en condiciones similares: torturadas, golpeadas hasta la agonía y arrojadas como desechos humanos.
Se trata de la quebrada La García, que pasa entre los barrios Playa Rica y El Trapiche del municipio de Bello, que se encuentran a escasos minutos en carro del parque principal y de las sedes administrativas, pero que colindan con el barrio Pachelly, reconocido nacional e internacionalmente por la tenebrosa organización delictiva del mismo nombre.
¿Son acaso todas las personas de estos barrios criminales? De ninguna manera, pero hay que reconocer que detrás de la tortura y asesinato de Sara Millerey se encuentran estas estructuras criminales, porque todo el mundo sabe que nada se mueve en estos barrios en términos de violencia sin que estas estructuras lo sepan e incluso lo autoricen ante la vista gorda de las autoridades de policía, pues para ser precisos, el punto exacto donde fue arrojada Sara Millerey y donde se han encontrado en los últimos años a otras personas en condiciones similares (algunas han sobrevivido y otras no) queda a escasos metros de un CAI de la policía, y estas personas no han aparecido arrojadas en la quebrada en las oscuras horas de la noche, sino todo lo contrario, en las horas del día y a la vista de todos.
Antes de que se desaten todo tipo de reacciones histéricas e irracionales, tenemos que visualizar este hecho, porque si no toda nuestra indignación se diluirá en protestas vacías contra quienes nada tienen que ver.
Este es el problema central del municipio de Bello: el excesivo poder que ostentan los grupos criminales a los que ninguna administración en su historia ha decidido combatir. Su poder es tan grande que operan como una autoridad más grande que las legalmente constituidas. Se encuentran detrás de todo: la violencia, la venta de drogas por supuesto, vacunas, extorsiones, apropiación de lotes públicos y privados, y en los últimos años incluso se han convertido en tribunales de arbitramento de problemas entre vecinos e imponen multas a quienes manifiesten comportamientos problemáticos en términos de convivencia.
Ninguna administración municipal ha planteado una estrategia clara para combatirlos, e incluso algunas de ellas han estado coludidas con estos grupos, como lo han declarado miembros de estos mismos cuando han sido capturados o se han sometido a algún proceso de oportunidad.
El descuido de las administraciones locales con respecto a esto es tremendamente evidente, y eso que desde el periodo de gobierno anterior el municipio se encuentra bajo el mando del Centro Democrático, el partido de la mano firme y el corazón grande; aunque lo mismo se puede aplicar para las administraciones anteriores del Partido Conservador y Liberal.
Con el descuido de los fenómenos delincuenciales están también otros descuidos. Quien recorre la zona donde fue hallada Sara Millerey puede evidenciar el tremendo abandono que desde hace años existe en todos los órdenes.
El basurero y escombrera que hay tirado por todos lados es abundante en cada esquina cualquier día, en cualquier época del año; el caos vehicular es impresionante y comparable al de Bombay; las invasiones y construcciones ilegales pululan y no parecen tener ninguna fuerza que las detenga: pronto el cerro Quitasol, que debería ser una reserva natural, será invadido y urbanizado hasta la cima, y no por personas pobres sin hogar, pues se están construyendo casas de tres pisos de arquitectura vomitiva.
Han permitido que quebradas y fuentes de agua que hace menos de 20 años estaban limpias hayan sido asediadas por areneras y marraneras que las han contaminado hasta el exceso.
Todo lo anterior bajo la autorización de estos grupos y ante la mirada inepta de las autoridades legales.
Lo poco bueno que tenía hace unos años el sector eran unos terrenos baldíos que la gente aprovechaba para ir a pasear y hacer días de campo con sus familias y amigos, pero el municipio de Bello decidió otorgar licencias de construcción a urbanizadoras, las cuales llenaron de grandes torres de apartamentos lo que ha provocado, junto con las invasiones ilegales y el fenómeno migratorio venezolano, que la densidad poblacional se haya disparado vertiginosamente.
Hoy Bello es invivible, y las autoridades deben reconocer su ineptitud y falta de visión a futuro. El desarrollo urbanístico planificado en el municipio brilla por su ausencia, y este crecimiento demográfico dentro del municipio se asemeja a una roña que crece, crece y devora todo a su paso.
La prueba fehaciente de lo anterior es que no plantearon ninguna nueva vía, no hay nuevas escuelas o colegios, no hay ningún nuevo parque, no hay ninguna biblioteca pública o parque recreativo, ningún hospital público o centro de salud. Nada, solo torres de apartamentos e invasiones. ¿Qué bienestar social se puede derivar de todo esto? Ninguno.
Pero, lo peor viene cuando nos adentramos más y más en los problemas del sector. Nos damos cuenta de que la poca presencia de lo público en los colegios de la zona (y de todo el municipio) están totalmente abandonados, sin dotación, algunos cayéndose en su infraestructura; uno que incluso opera desde hace décadas en un terreno que no es propio del mismo colegio y que, por lo tanto, no puede ser mejorado o expandido en su plantel, se mantiene inundando; otro incluso ha sido invadido en sus instalaciones y le han expropiado parte de su terreno para llenarla de construcciones ilegales (con el obvio permiso de estos grupos y, de nuevo, sin ninguna reacción por parte de las autoridades legales); otro que tiene casi que en toda su puerta una plaza de vicio que opera ante la vista de todos y que, pese a las denuncias de muchos vecinos, no la han movido de ahí.
Ante todos estos hechos, podemos concluir que el atroz crimen contra Sara Millerey no es un crimen cometido contra una sola persona en particular, es un crimen cometido contra toda una comunidad, contra todo un municipio. Los culpables: los grupos criminales que hoy dominan el territorio bellanita y las administraciones locales que no han hecho nada para detenerlos, pero sí han hecho mucho para enriquecerse.
Si indagamos cuál ha sido el destino de los últimos mandatarios de Bello, nos sorprenderemos al notar que todos y todas han salido de sus puestos convertidos en personas tremendamente ricas y con obvios vínculos con el poder que aún usufructúan.
Queda al lector y a las autoridades que sí quieran reaccionar una tarea: averiguar exactamente los nombres concretos que hay detrás de todo este panorama infernal que se está dibujando en el municipio de Bello y actuar en consecuencia.
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