El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió la renuncia protocolaria de los veinte alcaldes locales de Bogotá. Sobre el tema, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que la evaluación permanente es uno de los principios de la gerencia pública y aunque se ha avanzado, el seguimiento y la exigencia, serán cada día más rigurosos. Las Alcaldías Locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados, afirmó Quintero.
Con el pedido de la renuncia protocolaria a los alcaldes de las veinte localidades de Bogotá, el mandatario capitalino busca reorganizar su equipo de trabajo en las localidades y prescindir de los funcionarios que no han dado los resultados esperados por la administración, y evaluar quienes pueden continuar ejerciendo su labor y quienes se van.
La decisión de las alcaldías locales no tiene que ver con negociaciones políticas como algunos han querido insinuar. Desde @GobiernoBta montamos un sistema riguroso de seguimiento y transformación de las alcaldías locales, de hecho tenemos firmado un acuerdo de gestión con cada…
— Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) August 29, 2025
Entre los alcaldes locales que estarían en la cuerda flota por presuntas irregularidades en el tema de contratación están: la alcaldesa de Chapinero, Alexandra Mejía Guzmán, al parecer esta alcaldesa se encuentra inmersa en presuntas irregularidades por la compra de cinco motocicletas para la Policía por un valor de $ 476.000.000, a través de una subasta pública con la firma del contrato 279 de 2025 con la empresa Creymotos, el cual fue terminado de forma anticipada por las denuncias hechas por el concejal Daniel Briceño del Centro Democrático.
De acuerdo con lo denunciado por el cabildante Briceño, las motos tenían un precio unitario de $93.471.525, mientras que, esas mismas motos, con las mismas especificaciones, ya habían sido adquiridas por la Secretaría de Gobierno por un costo de $50.000.000 cada una. Las Alcaldías Locales de Barrios Unidos y Suba también compraron las mismas motocicletas con la misma empresa a un precio de $52.000.000 y 53.000.000.
Según Briceño, la adquisición de cada moto superó el valor de referencia con las otras entidades en más de $40.000.000, lo cual indica que hubo, en total, un sobre costo de $240.000.000. Según denunció el concejal del Centro Democrático, no se sabe donde está el dinero y por ello pidió la intervención de los organismos de control.
Otro alcalde local que, presuntamente, tiene problemas de contratación es el alcalde de Ciudad Bolívar, Diego Arley Arena Manrique, quien, al parecer, está enredado con la firma del contrato 1725 de 2024 por valor de $575.000.000, el cual fue adjudicado por Arena Manrique al Consorcio UT ONE VET, para la compra de una unidad móvil veterinaria totalmente equipada para la prestación del servicio de atención veterinaria en la localidad de Ciudad Bolívar.
De acuerdo con la concejal de Bogotá, Diana Diago del Centro Democrático, la unidad móvil debió ser entregada a la Alcaldía el 16 de mayo de 2025, cosa que nunca pasó y, por el contrario, hubo dos prórrogas al contrato, una de esas para el 14 de agosto. Además, aseguró que en el anexo técnico del contrato 1725 de 2024, el contratista estaba obligado a tramitar todas las licencias necesarias para la puesta en funcionamiento de la unidad móvil veterinaria, incluyendo los permisos sanitarios y ambientales.
Sin embargo, la Alcaldía Local modificó el contrato y asumió directamente la gestión para tramitar todos los permisos exigidos, exonerando de toda responsabilidad a la firma contratista.
Por otro lado, a la alcaldesa Local de Kennedy, Karla Tathyanna Marín Ospina, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le anuló, en primera instancia, el Decreto 238 del 18 de julio de 2024, mediante el cual fue nombrada como alcaldesa local de Kennedy. De acuerdo con el fallo del alto Tribunal, la funcionaria estaría inmersa en una inhabilidad, al haber ejercido funciones públicas hasta el 31 de enero de 2024 y haberse inscrito para el proceso de selección antes de cumplir el periodo mínimo de tres meses exigidos por la Ley.
De acuerdo con la jurisprudencia de la sección quinta del Consejo de Estado, el término de inhabilidad, debe contarse desde la fecha de inscripción del aspirante, siendo este el momento que marca el inicio del proceso. Así las cosas, la entonces aspirante debió haber renunciado el 21 de noviembre de 2023 para evitar la inhabilidad.
Finalmente, La alcaldesa local de Fontibón, Adriana Yaneth Ortiz Ubaque, al parecer tendría problemas en un contrato de malla vial, en el que, presuntamente, estaría involucrado un asesor de dicha Alcaldía Local.
Aparte de estos problemas en estas Alcaldías Locales, existe otro tema muy preocupante para el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, y para el alcalde Galán: la ejecución presupuestal en las veinte alcaldías que, según Quintero Ardila, es muy baja. Con corte al 15 de agosto de 2025, la Alcaldía que presenta el mayor porcentaje en ejecución presupuestal es Mártires con el 70,17% y las de menor ejecución son la Alcaldía de Bosa, San Cristóbal y Tunjuelito con el 35,75%, 37,61% y 39,98% respectivamente.
Hay otras siete localidades cuyo porcentaje de ejecución presupuestal está entre el 50 y 59%, y existen 9 alcaldías más, que tienen una ejecución del presupuesto entre el 41 y 49%, cuando solo faltan cuatro meses para terminar el 2025. Por ello la preocupación de la administración de Carlos Fernando Galán.
Como si esto fuera poco, el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruíz, abrió una indagación preliminar para determinar si existen sobrecostos en los contratos celebrados por los Fondos de Desarrollo de las veinte Alcaldías Locales, para las políticas públicas de protección y bienestar animal.
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