Después de 26 años de impunidad, el Estado colombiano tendrá que reconocer su responsabilidad en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, cometido el 13 de agosto de 1999. El crimen fue ejecutado por paramilitares, instigado por un alto funcionario del Estado, y encubierto por la Fiscalía.
Lo que pocos mencionan es que las organizaciones no gubernamentales que lideraron el litigio internacional contra el Estado colombiano —la Comisión Andina de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo— están respaldadas por dos reconocidos abogados: Gustavo Gallón y Luis Guillermo Pérez, respectivamente. Ambos ocupan cargos clave dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, el mismo que ahora deberá reconocer públicamente la responsabilidad estatal en este magnicidio.
Durante más de una década, la firma de abogados José Alvear Restrepo, especializada en derechos humanos, representó a la familia Garzón ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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El caso fue liderado por dos figuras de peso en el litigio internacional: Luis Guillermo Pérez Casas, abogado de familia y activista histórico por la verdad y la justicia, quien impulsó la denuncia ante la CIDH y mantuvo la presión jurídica para que se reconociera el crimen como de lesa humanidad; y Gustavo Gallón Giraldo, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, quien respaldó la estrategia internacional que demostró la complicidad activa del DAS y la Fiscalía en el crimen.
Gracias al trabajo de estas dos organizaciones, en 2021 la justicia colombiana condenó al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, como determinador del asesinato, por haber inducido al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil a ejecutar el crimen.
Ambos abogados vinculados a sendas organizaciones fueron escogidos por el Presidente Petro para ser parte del gobierno: Gustavo Gallón ocupa actualmente el cargo de Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, donde representa al país ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la OIT y otros organismos multilaterales.
Luis Guillermo Pérez fue nombrado superintendente del Subsidio Familiar en septiembre de 2022. Aunque fue suspendido en 2023 y posteriormente destituido por la Procuraduría por supuestas irregularidades en la designación de funcionarios dentro de la Superintendencia, su nombramiento refleja el respaldo del gobierno de Gustavo Petro a estos dos luchadores por la defensa de los derechos humanos.
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Ambos cargos son de alta visibilidad y responsabilidad dentro del aparato estatal. Hay que recordar que, a lo largo de sus trayectorias, Luis Guillermo Pérez y Gustavo Gallón han estado al frente de algunos de los litigios más importantes en defensa de los derechos humanos.
En Colombia, Pérez fue abogado en el caso de la masacre de Trujillo, que llevó a Colombia a ser condenada por la CIDH en 1996, y también litigó en el caso de la toma del Palacio de Justicia. Por su parte, Gallón ha representado a víctimas en casos emblemáticos como el de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha y la desaparición forzada de civiles en el conflicto armado, además de haber sido designado relator de la ONU para Haití. Ambos han sido reconocidos internacionalmente por su contribución a la lucha contra la impunidad y su defensa de las víctimas del Estado.
Será el presidente Petro quien deba reconocer públicamente la responsabilidad del Estado en el asesinato de Jaime Garzón, así como también debió hacerlo con el magnicidio de los militantes de la Unión Patriótica (UP), acto que tenía previsto realizar en la Plaza de Bolívar, pero al que finalmente canceló su asistencia, aduciendo razones de salud. Algo similar ya lo había hecho Juan Manuel Santos en 2016.
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