Los duros empresarios bananeros que se salvaron de ser condenados en el caso de Chiquita Brands

La justicia condenó a 7 ejecutivos de la bananera por su relación con paras, a Víctor Henríquez, Jorge Cadavid y Javier Ochoa no les encontraron pruebas suficientes

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julio 24, 2025
Los duros empresarios bananeros que se salvaron de ser condenados en el caso de Chiquita Brands

La espera acabó. La jueza Diana Lucía Monsalve condenó a once años y a una multa de $13.800 millones a siete ejecutivos de la multinacional Chiquita Brands por haberle pagado 1,7 millones de dólares a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandadas entonces, entre otros, por Salvatore Mancuso entre la década de los 90 y el año 2005, tiempo en el que asesinaron a trabajadores de la compañía como sindicalistas, trabajadores bananeros, organizadores políticos y activistas.

Entre los ejecutivos condenados a once años de cárcel se encuentra Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval, Fuad Alberto Giacoman Hasbún y Charles Dennis Keiser, un ciudadano estadounidense quien era el gerente de Banadex de Chiquita Brand. Sin embargo, la mayoría de ellos viven en el exterior como es el caso de John Paul Olivo y Álvaro Acevedo que viven en Estados Unidos, Fuad Alberto Giacoman está radicado en Honduras y Víctor Julio Buitrago en Panamá.

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Sin embargo, tres ejecutivos de Banacol, filial a Chiquita Brand en Colombia, que estuvieron en el ojo del huracán debido a que fueron mencionados en testimonios de paramilitares, fueron absueltos. Se trata de Víctor Manuel Henríquez Velásquez, presidente ejecutivo de Banacol y miembro de Junta Directiva; Jorge Alberto Cadavid Marín, vicepresidente financiero entre 1992 y 2008 y Javier Ochoa Velásquez gerente de Producción de hasta 2004.

Para la jueza Diana Lucía Monsalve no hubo suficiente evidencia que probara la financiación de Velásquez, Henríquez y Cadavid Marín a las AUC debido a que recién iniciada la investigación las oficinas de estos tres ejecutivos no fueron inspeccionadas por la Fiscalía lo que perjudicó la recolección de pruebas en su contra.

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