Hace tres semanas la ciudad de Cali volvió a sentir el filo cortante de la violencia: dinamita y metralla atravesaron el cuerpo urbano en la comuna ocho, cerca de la base aérea, dejando una estela de muerte, miedo y desconcierto. El jueves 18 de septiembre, otro golpe: camiones de carga incinerados, un entorno urbano herido de nuevo por el fuego. Son hechos que no solo destruyen objetos y vidas, sino que van desgarrando la confianza en el espacio compartido, erosionando la idea misma de ciudad. Detrás de estas acciones se revela una peligrosa desorientación social, una apuesta por el sinsentido de la violencia que convierte cualquier diferencia o malestar en motivo de vandalización de lo común.
Protestar contra semejante desafuero no es una opción secundaria: es un deber cívico y ético. La protesta no se dirige únicamente contra quienes ejecutan los actos violentos, - Que es especialmente frente a ellos-, también va contra la lógica misma que los sostiene: la creencia de que el miedo y la destrucción son caminos para resolver conflictos. Lo que debe prevalecer es el sentido común popular, ese que defiende la vida como bien mayor, que rechaza la naturalización de la violencia y se resiste a que la maldad se esconda tras cualquier bandera, ideología o razón aparente. No podemos resignarnos a habitar un país donde las palabras “magnicidio, feminicidio, secuestro, masacre, desplazamiento y confinamiento” se repiten como parte de una letanía interminable. Así no se vive: apenas se sobrevive, y siempre bajo el peso de un ciclo que se repite como un animal que se devora a sí mismo.
En tales condiciones no hay ciudad posible; ningún proyecto urbano puede florecer en medio de mafias, economías ilícitas y hordas violentas que imponen razones vacías, barnizadas de una racionalidad malsana y destructora. El país urbano - ya marcado por profundas desigualdades, injusticias y fragmentaciones -, corre el riesgo de ser colonizado por la lógica instrumental de las armas, en un camino hacia el inframundo: un horizonte plagado de malas noticias para la protección de la vida, donde cada conquista democrática o comunitaria se ve saboteada por la sombra de la violencia.
La historia de Cali y su área metropolitana nos recuerda que esta violencia no es un accidente aislado, sino el resultado de un largo proceso: la expansión de economías ilegales, la falta de oportunidades para amplios sectores sociales, la débil presencia de instituciones confiables, la corrupción política que pacta silencios y la persistencia de un modelo de desarrollo que margina territorios enteros. Nombrar esas causas no es justificar, sino reconocer que la violencia germina allí donde la vida se siente excluida.
Por eso, lo urgente no es solo condenar los hechos, - que sin duda, son muy condenables -, si no atreverse a construir un horizonte distinto: Que el odio, la avaricia, la doble moral y la megalomanía no colonicen nuestras prácticas sociales, que aprendamos a tramitar dolores y diferencias desde un horizonte de conversación, que las palabras recuperen su poder de generar confianza, que la protesta se viva como afirmación de la vida y no como antesala de la destrucción. Restituir los bienes comunes - el espacio público, la confianza social, la seguridad entendida como convivencia -, es quizá la tarea más difícil, pero también la más imprescindible.
En ese sentido, cabe reiterar con fuerza: protestemos contra las violencias y las armas. Porque protestar hoy es también un acto de cuidado colectivo, un compromiso con la dignidad de la ciudad-región y un gesto de esperanza frente al absurdo de la destrucción.
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