No es expropiación, es restitución. El espectro electromagnético es de la Nación, no de unos pocos privilegiados. Por eso, el Estado no está expropiando el Canal Uno, como algunos quieren hacer creer, sino reclamando la devolución de lo que particulares habían apropiado con la complacencia del exministro Mauricio Lizcano.
La estrategia de ciertos sectores ha sido siempre la misma: disfrazar de “expropiación” lo que en realidad es la recuperación de lo público. Buscan instalar la idea de que el Estado arrebata, cuando lo que hace es proteger un bien colectivo que nunca debió quedar en manos privadas. No se trata de expropiación: se trata de restitución.
El espectro electromagnético, tal como lo consagra la Constitución, es un bien público inalienable, imprescriptible e inembargable. No pertenece a gobiernos de turno ni a empresas particulares, sino a la ciudadanía en su conjunto. Su uso debe responder al interés general, no a la concentración mediática ni al enriquecimiento de unos pocos.
El Canal Uno, patrimonio de la Nación, terminó en 2024 bajo el control del Grupo Prisa, mayor accionista del conglomerado HMTV Uno, junto con NTC Televisión, CM& Televisión y Prisa Media. Así, un bien público pasó a ser operado por privados con el aval de quienes debían defenderlo.
Aquí aparece el papel de Mauricio Lizcano exminTic. En su momento, cuando se le cuestionó por la entrega del canal público, respondió con una frase que retrata su visión de Estado: “El Estado no puede intervenir en decisiones que toman empresas privadas” ¿Qué tal?
Ese pronunciamiento no fue ingenuo. Fue la coartada perfecta para justificar la cesión de un bien público y, en la práctica, legitimar la privatización del Canal Uno. Hoy, el mismo Lizcano pretende aspirar a la Presidencia, presentándose como defensor del país, cuando en realidad avaló que lo nuestro terminara en manos de particulares.
Lo de Lizcano no es un error menor. Es un acto de traición al mandato constitucional que obliga a proteger los bienes de la Nación. Y quienes traicionan lo público no tienen autoridad moral para gobernar. Hoy, el Estado no expropia: restituye. Esa es la diferencia con gobiernos anteriores que lo cambia todo, aunque algunos, como Lizcano, prefieran borrarla para encubrir sus propias decisiones.
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