La crisis financiera y contractual que ha impedido el mantenimiento y uso de sus helicópteros de transporte de tropas y combate, habría obligado al Ejército a utilizar al menos un helicóptero civil para golpear a sus blancos en la guerra contrainsurgente.
Al despacho del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, llegó recientemente un video que muestra aspectos de una operación en el que estaría siendo utilizado el helicóptero civil AIRBUS EC45 de matrícula HK-4847. Según se observa en las imágenes, desde la nave soldados hacen ametrallamientos y otras acciones de fuego.
Lea también: Millonario enfrentamiento entre Ecopetrol y Helicol por el transporte de petróleo en el Casanare
Esa nave, en condiciones normales, debería estar prestando servicios de transporte para Ecopetrol, de acuerdo con un contrato firmado para el efecto por la compañía especializada Helistar SAS. Ese contrato no contempla, por su puesto, su uso para acciones militares.
El presidente de Ecopetrol no ha respondido a derechos de petición en los que se le pide aclarar si el helicóptero fue prestado excepcionalmente por la compañía y si el Ministerio de Defensa, el comando de las Fuerzas Militares y el comando del Ejército tenían conocimiento de ello.
De comprobarse ese uso indebido, que ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, podría sobrevenir un problema grande porque normas sobre el derecho internacional, aplicables en Colombia en virtud de tratados suscritos, prohíben expresamente el uso de aeronaves civiles en acciones de guerra.
Según algunas fuentes, la operación que hoy genera dudas fue dirigida contra el Clan del Golfo, grupo al que el ministro del de Interior, Armando Benedetti le acaba de conceder un reconocimiento político en su calidad de ministro delegatario de las funciones presidenciales, mientras el jefe del Estado, Gustavo Petro, se encontraba en Japón.
Lea también: El oscuro excoronel que hizo la vuelta para que el presidente de Ecopetrol se quedará con su lujoso apartamento
El silencio que por ahora observa Ecopetrol se relaciona con su política de no exponer públicamente las condiciones en la que se desarrollan sus contratos, con el argumento de que los mismos se rigen por el derecho privado.
Eso ocurre pese a que el 20 de febrero de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, profirió la sentencia 25000-23-41-000-2024-01938-01 mediante la cual se ordenó a la compañía petrolera, en la que la Nación es mayoritaria, que procediera a dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, es decir, a dar publicidad de sus actos contractuales.
El máximo tribunal de la justicia contenciosa administrativa advirtió que, a pesar de que Ecopetrol no estar sujeta al régimen de contratación de la administración pública, está obligada a publicar todos los documentos relacionados con su actividad contractual, abarcando las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales.
Así, confirmó el carácter público de los documentos que surgen dentro de todos los procesos contractuales suscritos por la petrolera.
Las que sí son reservadas son las operaciones militares y es posible que por eso no haya habido ningún pronunciamiento del mando militar al respecto.
Le puede interesar: A Ricardo Roa le espera una nueva cita con la justicia, ahora por el contrato de los helicópteros
Santiago Triviño, representante legal de Helicol -otra de las empresas que opera en el mercado del transporte petrolero, pidió al presidente de Ecopetrol que informe sobre las medidas de control que la empresa está tomando para garantizar que los vuelos pagados con recursos mayormente públicos sean destinados exclusivamente para el desarrollo del contrato, conforme la dedicación exclusiva contemplada en sus cláusulas, evitando que se desvíen para actividades distintas o “clandestinas.”
“En caso de no tener conocimiento de dicha operación, indiqué por qué razón se desconoce dicho evento, habida cuenta que el requisito de dedicación exclusiva de la aeronave exige que todo vuelo realizado se encuentre aprobado por Ecopetrol”, señala la petición de información.
Este caso, que será comprobado o desvirtuado por las autoridades competentes, tiene que ver también con el debate sobre el gasto militar y la operación y uso de de equipos de las Fuerzas Armadas.
El congresista que más ha insistido en la necesidad de poner en estado de operatividad a las naves militares ha sido el representante a la Cámara Julio César Triana. Varias de las denuncias que hizo durante un debate al que fue citado Iván Velásquez, cuando todavía era ministro de Defensa, se mantienen vigentes.
Según Triana, de la fuera una moderna flota de helicópteros M-17 rusos solo quedaban al servicio de las tropas cinco. Todo porque desde 2012 ningún gobierno invertía en su mantenimiento.
Denunció entonces las 731 aeronaves que figuraban en el inventario oficial, solo 298 se encontraban operativas. Un total de 223 estaban en los hangares de mantenimiento y 210 sufrieron siniestros o estaban en vías de ser dadas de baja. Sus denuncias calaron en la Aviación del Ejército, fuerza que solo contaba entonces con 55 helicópteros disponibles de la que alguna vez fue una flota de 121 unidades. Contemplados por 34 que estaban en situación de “no operativos”, el 54 por ciento de la flota no estaba en capacidad funcional.
Anuncios.
Anuncios.
