Hay cientos de estudios y documentos sobre la violencia y el conflicto social y armado colombiano que cobró forma desde el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán a mediados del siglo XX con profundos impactos en el tejido social de la nación colombiana.
Estudios todos de un enorme valor en la caracterización y comprensión de ese fenómeno que han dado sustento a diversas estrategias para superarlo sin haber acertado de manera completa dado el actual escenario de degradación regional de la confrontación armada por el choque intrainsurgente, entre guerrillas y paramilitares y entre grupos insurgentes y los integrantes de las Fuerzas Armadas.
El estudio científico de la violencia indica que el conflicto ha presentado tres momentos específicos relacionados con la “violencia” de los años 50, con más de 500 mil muertos, mismo que intentó superarse con la forma consociacional del Frente Nacional bipartidista de liberales y conservadores; configuración política que a la larga gestó, desde los años 60, el segundo ciclo de la violencia debido a la violenta exclusión política de las corrientes contrarias al sistema hegemónico, a los impactos geopolíticos de la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la revolución cubana y la revolución cultural convocada por Mao en China desde el año 1964 para sofocar las corrientes contrarrevolucionarias.
Ese segundo ciclo, no obstante la Constituyente de 1991 y la nueva Carta política adoptada con el M-19 y el EPL, se prolongó hasta el 2016, cuando se firmó un Acuerdo de paz con las Farc por parte del gobierno del presidente Santos que implicó la reincorporación de casi 15 mil combatientes y un programa de reformas agrarias, sociales, políticas y en otros campos (sustitución de cultivos de uso ilícito y justicia transicional) sin éxito en su implementación, sometidos, además, a planes de sabotaje y trizas por el gobierno uribista de Ivan Duque que, a la postre, desataron un nuevo ciclo, el tercero, al ojo de los expertos, exacerbado en la actual coyuntura por distintas circunstancias.
Colocado el actual gobierno y el presidente Gustavo Petro delante del rebote de la guerra civil, la primera medida de la administración, posesionada en agosto del 2022 consistió en formular una estrategia de reconciliación nombrada como Paz total cuya definición, métodos y alcances se incluyeron en la ley 2272 del 2022.
Con tal referente institucional se dio curso a la organización de Mesas de diálogo y negociaciones de paz con los actores insurgentes y delincuenciales involucrados en el conflicto. Así, se instalaron espacios de diálogo y negociación con el ELN, con el Estado Mayor Central de las Farc de Ivan Lozada, con el Clan del Golfo y con bandas de delincuencia en Buenaventura, Medellin y Quibdó.
Tales instancias se organizaron con principios y metodologías nuevas, diferentes a las conocidas en la Mesa de Paz con las Farc en La Habana en el 2016 que acogieron los protocolos del Consejo de Seguridad de la ONU.
Ejecutar cada acuerdo de manera inmediata; funcionar de manera simultánea con varios grupos, según la agenda consensuada, para evitar la dilación; y adoptar ceses bilaterales del fuego con seguimiento y verificación de los países garantes, de la iglesia y delegados de las partes involucradas.
A pesar de la coherencia conceptual del modelo, inscrito en los parámetros del pensamiento complejo, su aterrizaje en la vida real encontró muchas dificultades y tropiezos, tal vez porque aún no hay una lectura más incisiva de las dimensiones del conflicto en su actual momento.
Me refiero al mayor arraigo local y regional de la guerra; a los cambios de los propios actores armados, asociados con los cambios tecnológicos derivados del uso de los celulares inteligentes, las redes sociales, el empleo de drones y la incorporación de la Inteligencia artificial en la planificación y desarrollo de la confrontación; y a las fracturas y vacíos en las Fuerzas Militares y policiales, como consecuencia de su desencaje con el Plan de Desarrollo del actual gobierno, la inercia uribista neofascista de mucha de la oficialidad vigente y los cambios devenidos con el acceso de Trump al gobierno de los Estados Unidos y los ajustes en la colaboración financiera y doctrinal con otros ejércitos del mundo como está sucediendo con el de Zelenski en Ucrania.
Hay como una especie de orfandad en el ejército y la policía colombiana a raíz de la suspensión del cierre de USAID y los programas antinarcóticos del Pentágono y el departamento de Estado gringo. Desde luego, eso no quiere decir que los patrones contrainsurgentes o anticomunistas hayan sido abandonados en los cuarteles y brigadas militares y policiales colombianos, donde parece predominar una vieja oficialidad con mentalidad neofascista. Circunstancia que puede estar cambiando con el nombramiento del nuevo Ministro de la Defensa, el general Pedro Sánchez.
Así, Colombia se encuentra hoy afectada por graves situaciones regionales de violencia en el Catatumbo, el Chocó, Guaviare, Putumayo, Valle del Cauca, el Cañón del Micay, el Plateado, Nariño, Caqueta, Sur de Bolívar, Norte de Antioquia, Arauca, Cúcuta, Magdalena Medio, Risaralda y el Meta. La Defensora del Pueblo ha emitido alertas tempranas sobre más de 12 territorios en los que la guerra esta exacerbada.
Complicación del conflicto que confirma un Tercer momento con muy graves consecuencias que debe ser intervenido o superado resolviendo las dificultades y tropiezos suscitados por la parálisis de la Mesa con el ELN; el monumental trancón de la Mesa con la Coordinadora Nacional del Ejercito Bolivariano CN EB de Nariño, Cauca y Putumayo, afectada por la abrupta injerencia de la Fiscalía General de la Nación en sus sesiones de trabajo en el Hotel Marriot de Bogotá, y la porosa captura por el CTI/DEA con fines de extradición de Giovanny Andrés Rojas (Delegado plenipotenciario del Putumayo), quien tenia un levantamiento de la medida de aseguramiento desde hace algunos meses; la lentitud de los acuerdos con el EMC que encabeza Calarcá Cordoba en el Yarí; y los pasos incipientes del espacio conformado con el Clan de Golfo, a cargo de Álvaro Jiménez, como delegado de la Oficina de Paz de la presidencia de la Republica.
A mi juicio, la Paz Total debe rediseñarse sin abandonar sus ejes centrales para que, en el mediano y largo plazo logremos dejar atrás de manera definitiva la violencia y el conflicto social y armado en condiciones de justicia social y ambiental.
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