Con el relevo del arquitecto Ibarra de “Inmovilidad futura”, como la llaman en los corrillos, crece la incertidumbre sobre el futuro de la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público que asumió como compromiso la ciudad, desde la alcaldía de Víctor Ramírez Fajardo iniciando las obras contratadas desde el gobierno central, la administración de Francisco Fuentes.
Con el 70% de la financiación aportada por la nación, el 20% por el municipio y el 10% por el departamento, con retrasos en la ejecución se inició la primera etapa del proyecto que comprendía la adecuación de las vías principales por donde circularían los buses según las rutas a cubrir en el área urbana y la periferia de la ciudad.
Este proyecto de apoyar el Sistema Integrado de Transporte Público urbano, fue impulsado por el Estado colombiano, en ciudades intermedias, como Pereira, Montería, Pasto, Armenia, Popayán, entre otras, después que en grandes ciudades como Bogotá y Cali lo hicieron con Transmilenio y el MIO.
Se caracterizó en que mientras el Estado se encargaba de pavimentar las vías, en Popayán utilizando concreto reforzado, los transportadores deberían unirse en una sola empresa para operar los buses y los recaudos los haría otra.
De las arcas del gobierno saldrían los subsidios al transporte público para evitar que los transportadores perdieran por uso menor del servicio a lo calculado, inicialmente y factores como los colados, entre otros.
En la mayoría de ciudades intermedias del país hace años circulan los buses de la empresa unificada; mientras en Popayán, después de haber informado hace varios años, que se iban a unificar en una sola empresa (en una reunión en la sede del entonces candidato a la alcaldía Santiago Zambrano Simmonds).
Desde entonces los mayores accionistas de las 4 empresas (Transpubenza, Sotracauca, TransTambo y Trans Libertad) se echaron de para atrás y anunciaron que cada cual seguirá operando independiente, pero sin presentar un plan de mejora del servicio y modernización de la flota.
En la administración de Juan Carlos López, después que avanzaron en la construcción de la red vial del sistema y en la construcción de la Central de Bellavista, contrataron un sistema operativo para el nuevo sistema Integrado de Transporte Público; pero sin contar con los nuevos vehículos para aplicarlo. “Ensillaron antes de traer las bestias” comenta un amigo y eso equivaldría a estrenar vestido pero descalzo.
Los transportadores alegan que los nuevos buses, menos contaminantes, son muy caros, (cerca de $800 millones cada uno) y se llenan de motivos para no cambiar las asfixiantes chatarras sobrevivientes del viejo parque automotor, que con sus estelas de humo negro transitan por las 25 de las 52 rutas que existían hace 10 años. “Están mamando gallo y más cuando ya no manejan el Concejo municipal como hace años”, me comenta un amigo. “Hay mucho politiquero en esas empresas y no tienen compromiso con la ciudad”, agrega.
En el Concejo municipal y en la alcaldía les favorecieron a las empresas existentes con nuevos decretos para que puedan comprar ya no vehículos nuevos sino usados, modelos posteriores al 2010; pero ni así, se ven intenciones de renovar la flota.
Acudiendo a la incógnita sin resolver sobre: “¿Qué fue primero el huevo o la gallina?”, alegan que el transporte público no es rentable, porque hay mucho moto-taxismo, aunque los que no les creen sostienen, que precisamente, hay mucho mototaxista además del desempleo, porque el transporte público, que es mucho más barato y seguro, es muy malo, y si hace 10 años funcionaba hasta las 10:30 de la noche, hoy a las 8, ya no se consigue un bus.
El alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo intentó darle un empujón a la renovación de la flota de transporte público logrando que el gobierno nacional acordara cambiar de destinación cerca de $12.000 millones destinados para construir el taller para los vehículos, pero desgraciadamente esa cifra cayó entre el plan de recortes que anunció este año el ministerio de Hacienda para llenar huecos del presupuesto cuyo reajuste fue negado por el Senado.
Lo peor es que si el municipio incumple con el compromiso de echar a rodar el Sistema Integrado de Transporte, tendrá que responderle a la Nación por el 70% invertido en las obras viales que se acerca a los $200.000 millones.
Difícil tarea afronta el alcalde de Popayán y el ingeniero civil Gerardo Cruz Jiménez, recién nombrado gerente de Movilidad, para recomponer a tiempo lo referente a la circulación del tráfico de vehículos y personas de la ciudad, mediante la integración de la Secretaría de Tránsito, la empresa de Movilidad y las Secretarias de Planeación y Hacienda para trazar un plan conjunto a largo plazo, que a la par de la construcción de nuevas vías con ciclo-rutas, regule la anarquía que diariamente reina en las congestionadas calles y avenidas y revitalice el decrepito servicio de transporte público urbano, al no existir un plan efectivo para renovación de la flota.
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