El ganadero Luis Gallo Restrepo, un hombre que aparecía en los registros de Instrumentos públicos despojados por el paramilitar Carlos Castaño a sus víctimas, iba a ir a la cárcel el 24 de marzo de 2014. Ese día estaba citado a una indagatoria en la Fiscalía y su captura se daba como un hecho al final de la diligencia.
Antes de salir hacia su despacho, en el bunker de su entidad en Bogotá, Sonia Lucero Velásquez, fiscal del caso, recibió la llamada de un mayor de la Policía que le pedía el favor de concederle unos minutos a su jefe. El jefe del que le hablaba era el general Rodolfo Palomino, director general de la institución armada.
La sorpresiva solicitud no dejó de generarle suspicacias a la fiscal, que decidió tomar precauciones. Instaló una grabadora oculta y tuvo listo un café para brindárselo al alto oficial. Sin abandonar las formas de la caballerosidad, Palomina le ofreció excusas si su presencia allí le generaba molestias, pero no tardó en ir al grano.
El general Palomino le habló en los mejores términos de Gallo. Le dijo a la fiscal que se trataba de un benefactor de importantes obras sociales, de alguien con grandes influencias en la política colombiana y muy bien visto incluso en los organismos de la banca multilateral internacional. Lo refirió en concreto como amigo del expresidente de la República Andrés Pastrana y de altos funcionarios del Banco Mundial.
No se refirió a su inminente captura y tampoco le pidió expresamente a la fiscal que pusiera en libertad al ganadero cordobés, pero entendió sus palabras como una presión. Sin embargo, a juicio de la Corte Suprema, se equivocó en la decisión que habría de tomar después: oyó en indagatoria a Gallo, pero se abstuvo de imponerle medidas de aseguramiento y lo dejó en libertad.
Los comisionados de policía judicial que habían investigado a Gallo sentían que le habían entregado a la fiscal pruebas muy sólidas sobre su papel como “testaferro y lavador de las autodefensas unidas de Córdoba” y se sintieron decepcionados. En el ámbito de las víctimas de Carlos Castaño hubo indignación.
La fiscal admitió su error y confesó que se había sentido presionada por la visita de un general que en aquella época tenía una excelente relación interinstitucional con la Fiscalía. Con todo, entregó la grabación que incriminaba a Palomino.
Este jueves 14 de agosto de 2025, más de once años después de lo ocurrido, la Sala de Instrucción Penal de la Corte le leyó al general Palomina la providencia que lo declaró culpable del delito de tráfico de influencias. Le reprochó su intento por entorpecer un proceso contra un sindicado que pasó a la galería de los grandes despojadores de tierra en Colombia, quien además se acogió a la JEP.
“Su actuar le produjo graves lesiones a bienes jurídicos y causó una defraudación a la administración pública de justicia”, le dijo la Corte a Palomino. El caso del general Rodolfo Palomino y el ganadero Luis Gallo se refiere a una condena por tráfico de influencias contra el exdirector de la Policía Nacional, general en retiro Rodolfo Palomino. La Corte Suprema de Justicia lo encontró responsable de intervenir de forma indebida en la captura del empresario cordobés Luis Gonzalo Gallo Restrepo, investigado por despojo de tierras y concierto para delinquir.¹ ²
*Detalles del caso*
- *Intervención indebida*: Palomino visitó a la fiscal Sonia Lucero Velázquez en su casa para solicitarle que suspendiera la orden de captura contra Gallo, destacando la supuesta cercanía del empresario con expresidentes y altos funcionarios internacionales, como el expresidente Andrés Pastrana y el presidente del Banco Mundial.
- *Grabación clave*: La fiscal grabó la conversación y consideró irregular la visita de Palomino. La grabación fue clave para sustentar la acusación y demostrar el intento de Palomino de influir en la decisión de la fiscal.
Palomino permanecerá en libertad hasta que se emita el fallo completo y se surtan los recursos respectivos, pues tiene derecho a una segunda instancia. En su defensa ha sostenido que no pretendió presionar a la fiscal, sino documentarse sobre la situación de alguien a quién él no había conocido como un actor de violencia y criminalidad.
Ahora el exdirector de la Policía queda expuesto a una condena de entre cinco y doce años de prisión.
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