Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las Regiones, se quedó con el mote de “la mensajera” tras haber sido acusada de llevarle $3.000 millones, sacados de los recursos públicos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, a los más altos dignatarios del Congreso a cambio de su apoyo para la agenda legislativa del Congreso.
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Primero que nadie, ella levantó la mano para ofrecer un testimonio de delación plena a cambio de beneficios judiciales y ofreció información nueva sobre un entramado que, según ella, fue más allá de los confines del Congreso y llegó hasta la Corte Constitucional.
Desde antes de quedar recluida en un cuartel de la policía en Bogotá, les insistía tanto a la Corte como a la Fiscalía que podría contar con lujo de detalles el papel que cumplió Carlos Ramón González, exdirector de Inteligencia Nacional, para ella el gran director de orquesta en el concierto para delinquir que resultó siendo esta trama.
Pero la joven excongresista y exdirigente política boyacense debió ser una de las primeras sorprendidas cuando conoció la noticia de que el gobierno de Nicaragua, por gestión diplomática de la Casa de Nariño, le concedió a González la residencia, con lo cual quedo a salvo por ahora para ir a prisión.
Allegados a la exconsejera presidencial cuentan que cuando en la unidad policial donde está bajo detención preventiva llegó la noticia, primero por un rumor, pidió permiso para conocer a través del celular de un oficial el contenido de un informe periodístico de Noticias RCN que reveló lo que ocurría en Managua con quien había sido su jefe en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Así pudo ver la imagen de la cédula de residencia otorgada por el régimen de Daniel Ortega a González y leer la carta diplomática que la embajada colombiana en Managua hizo la gestión. La cédula salió antes de que la Interpol emitiera la circular roja solicitada por la fiscalía colombiana para procurar la captura del prófugo.
Sandra Ortiz ha dicho que participó en las gestiones de conseguir apoyo de los congresistas a la agenda legislativa del presidente Petro por orden expresa de Carlos Ramón, todopoderoso en la sede del gobierno. De ahí se deriva que él también fue el artífice de las gabelas y halagos económicos ofrecidos a congresistas que se suponían en la oposición.
Sus abogados consideran que aún es posible que Sandra actúe en condición de testigo eficaz y contribuya a que Carlos Ramón González sea condenado, así sea en ausencia.
Por lo pronto, la Corte Suprema ha aceptado como testigos principales a personas como la exasesora del Ministerio de Hacienda Alejandra Benavidez y a los hombres que dirigían la Unidad cuando estalló el escándalo. Ortiz no ha sido aceptada, según fuentes cercanas al proceso, porque su credibilidad se vio menguada cuando decidió filtrar sus “verdades” a través de medios de comunicación para presionar un acuerdo con la justicia.
Mientras ella creo esa deriva, la justicia optó por ampliar el espectro de las investigaciones en su contra. Recientemente, se detuvo en un estudio de su patrimonio personal para fortalecer las hipótesis sobre un presunto enriquecimiento ilícito. Esto significa que prefiere proceder en su contra antes de aceptar el esquema de colaboración que ha venido proponiendo.
En contraste, Carlos Ramón González, que amasó una fortuna desde sus tiempos de activismo en el M-19 podrá hacer uso sin apremios de los recursos que se haya podido llevar consigo.
El Patrimonio la exconsejera
El acopio de la información en ese frente se inició en marzo de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) -organismo de inteligencia dependiente del Ministerio de Hacienda- produjo un informe que recogía “operaciones sospechosas” de la excongresista y exdirigente política boyacense, quien hizo su carrera en las filas del Partido Verde. Aparte de movimientos inusuales en sus cuentas, se encontró el rastro de transacciones relacionadas con la venta de oro.
Desde entonces las pesquisas se han profundizado a partir del estudio de sus declaraciones de renta y sus bienes en el sector inmobiliario. Las2Orillas conoció la información nueva recopilada en desarrollo de esas pesquisas.
Los nuevos informes señalan que, en las consultas realizadas en la Superintendencia de Notariado y Registro se evidencia que la exconsejera presidencial registra cinco propiedades a su nombre. La primera se ubica en la ciudad de Puente Nacional, Santander, con número de matrícula 315-22307, la segunda y tercera propiedad se ubican en Duitama, Boyacá, con número de matrícula 074-2059 y 07484271. La cuarta está ubicada en Tunja, con número de matrícula 070-112269 y la quinta se ubica en Socha, Boyacá con el número de matrícula 094-2139.
En Bogotá aparece como propietaria de tres apartamentos, aunque el primero de ellos fue comprado el 5 de abril de 2002, mucho antes de los primeros cuestionamientos en su contra, junto con Mauricio Morales Gamba, su primer esposo. Otras operaciones inmobiliarias las ha hecho en compañía de sus hermanas Sandra, María Elena y Érika Ortiz Nova. Otros bienes a su nombre aparecen en Jenesano y Ramiriquí, también en el departamento de Boyacá.
Fabio Delgado, su actual esposo, y ella y Sandra Ortiz figuran además como copropietarios en 11 de las 15 matrículas inmobiliarias relacionadas con los predios adquiridos durante su ejercicio como congresista y luego de su llegada al gobierno.
Los informes han descartado la existencia de bienes en compañía de Juan Sebastián Aguilar, alias 'Pedro Aguilar', quien fue asesinado el 7 de agosto de 2024 por un francotirador y con quien durante algún tiempo de le vinculó sentimentalmente. Esa relación surgió a raíz de que, durante una visita al municipio de San Pablo de Borbur, en su calidad de consejera de Regiones, se trasladaba en un helicóptero de la empresa Sadi SAS, la cual estaría presuntamente vinculada al narcotráfico y que habría prestado servicios de transporte a la campaña presidencial.
Los movimientos patrimoniales reflejados en sus declaraciones de renta, entre 2014 y 2024, están siendo cotejados. En 2014 el patrimonio bruto por saldo de $625.267.000, con deudas por valor de $398.964.000. El patrimonio líquido de $226.303.000, con ingresos brutos por valor de $148.204.000 y una renta liquida ordinaria de $215.796.000.
En 2022 presentó un total de patrimonio bruto por saldo de $1.015.785.000, con deudas por valor de $134.193.000 y un tal patrimonio líquido de $881.592.000, con ingresos brutos por valor de $342.000.000 con una renta liquida ordinaria de $131.007.000. A 2024 se registraron incrementos exponenciales que reflejarían un incremento cercano al 70 por ciento.
Su puntaje de crédito de 551 ha generado dudas porque el historial estaría siendo afectado por la mora en obligaciones con el sector de telcos, pero al mismo tiempo se evidencia que no ha reportado todos sus movimientos, ya que como ingresos máximos se reportan $13.435.000, suma que no está acorde con la labor desempeñada como funcionaria pública, señala uno de los informes.
Sin embargo, al margen de nuevas imputaciones que podrían surgir alrededor de un lavado de activos, la exconsejera espera que sea resulto a su favor un recurso con el que espera ser admitida como testigo con mejores calidades que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la Unidad de Gestión del Riesgo, quienes han buscado hundirla para granjearse beneficios judiciales.
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