Un nuevo expediente, el quinto, acaba de ser abierto en relación con escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de cuyo presupuesto salieron millonarios recursos con los que el gobierno habría pretendido comprar la voluntad de los presidentes de Senado y Cámara y de varios congresistas para sacar adelante sus proyectos de reforma social.
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La trama viene siendo investigada por la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y la Contraloría, dentro de cada una de sus órbitas de competencia, pero ahora acaba de entrar en escena -con su propio expediente- la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Solo 6 contratos de los firmados por Olmedo López que costaron $ 86.000 millones
Cielo Rusinque, cabeza de este organismo de inspección y vigilancia, ha explicado que esta vez la Super examinará en concreto la manipulación de seis procesos de contratación pública valorados en más de $86.000 millones entre 2023 y 2024.
El punto de partida es la identificación de una estructura ilícita liderada por el empresario Luis Eduardo López Rosero, quien coordinó la inscripción y presentación de sociedades bajo su control para simular competencia en licitaciones de la UNGRD. Este contratista conocido como El Pastuso fue condenado a 6 años de cárcel.
Esa simulación habría permitido concertar precios inflados y generar sobrecostos, afectando la transparencia en la asignación de recursos destinados a emergencias en comunidades vulnerables.
El dedo acusador apunta de nuevo contra los exdirectores Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, encargados de direccionar contratos a favor de López Rosero. Aunque esto no lo dice el expediente de la Superindustria, López estuvo vinculado a los movimientos de los $4.000 millones que, según lo señalan testigos en los procesos penales y lo admiten algunos de los responsables, fueron repartidos entre los presidentes de Senado y Cámara de la época, Iván Name y Andrés Calle. Incluso consiguió un prestamista para que desembolsara el dinero mientras el gobierno destinaba los recursos para el pago de los anticipos de los contratos.
El punto donde nacen las dudas ´por la investigación de la SIC
La catedrática de derecho Lina María Arzayus recuerda que los superintendentes son agentes directos del presidente de la República y en representación suya pueden actuar como agentes de inspección y vigilancia e imponer sanciones. Sin embargo, sus facultades y atribuciones están limitadas por la ley.
En el caso de la SIC, tiene facultades para supervisar a diferentes entidades, especialmente a aquellas que desarrollan actividades económicas que puedan afectar la competencia en los mercados nacionales. Su enfoque principal está en el sector privado, aunque excepcionalmente puede intervenir en asuntos relacionados con entidades gubernamentales cuando estas incurran en prácticas que afecten la competencia o cuando se trata de protección al consumir.
Augusto Benítez, experto en derecho de la competencia, considera que este último no es el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo conde no está en tela de juicio una práctica anticompetitiva sino afectación patrimonio público como consecuencia de un saqueo.
En ese sentido la Superintendencia podría estar corriendo el riesgo de invadir las órbitas de competencia de la Procuraduría y la Contraloría que sí son órganos de control habilitados para disciplinar a los responsables de prácticas de corrupción y para recuperar recursos públicos perdidos como consecuencia de un detrimento patrimonial. Ambos organismos de control podrían ejercer acciones preferentes ante la Superintendencia.
¿Presión a testigos?
Otro punto clave de la actuación emprendida por la superintendente Cielo Rusinque es si hace valer su competencia podría imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de $142.000 millones de pesos. Esas sanciones procederían contra personas a que a su vez son protagonistas o testigos en los procesos penales y disciplinarios, principalmente.
Cielo Rusinque es uno de los alfiles de Gustavo Petro en quien el Presidente le ha depositado toda su confianza. En este punto no se puede desconocer que al frente de la trama que es investigada ahora por cinco autoridades diferentes estuvieron altos funcionarios de la Casa de Nariño, entre ellos el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Carlos Ramón González, prófugo y asilado en Nicaragua, y la consejera presidencial Sandra Ortiz. También, algunos ministros de la época.
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El gobierno, desde la superintendencia, quedaría habilitado para ejercer presión sobre testigos y también para predicar, a la luz de una investigación administrativa guiada por uno de sus agentes, que fue víctima y no propiciador de un millonario saqueo de recursos públicos.
El 28 de abril de 2020, cuando Colombia fue admitida como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este organismo advirtió que era necesario replantear la relación entre superintendentes y gobiernos en aras de una mayor independencia.
Una de sus recomendaciones sustanciales consistió en que los superintendentes, en particular el financiero y el de Industria y Comercio, deberían tener un mandato de término fijo y una nominación distinta a la que proviene del presiente. La OCDE ha observado que el país no cumple plenamente su recomendación por falta de reformas estructurales más profundas. Para ello harían falta reformas a la Constitución y a la ley.
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