Un funcionario de la Casa de Nariño, del Palacio de San Carlos o de alguna misión diplomática, quien quiera que haya sido que ayudó al prófugo exdirector de Inteligencia a establecerse en Nicaragua, se ve expuesto a ser procesado por el delito de obstrucción a la justicia.
Expertos consultados consideran que quien facilite la huida de un sindicato puede caer en ese delito, de acuerdo con la interpretación que pueda dársele al artículo 309 del Código de Procedimiento Penal. La conducta está descrita como una ayuda a imputados, testigos o terceros a que se comporten de manera desleal o reticente ante la administración de justicia y eso podría incluir la fuga.
Carlos Ramón González era uno de los cercanos de Gustavo Petro desde el M-19 y le dio el cargo más importante de Palacio, director del DAPRE
Mientras el presidente Gustavo Petro y su excanciller Laura Sarabia niegan haber movido un dedo para favorecer a un hombre que es requerido por la justicia colombiana como cerebro del escándalo en la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, la evidencia más cercana a la hora de establecer responsabilidades es una carta dirigida por la Embajada de Colombia en Managua al régimen de Daniel Ortega para solicitarle la expedición a González de una cédula de residencia permanente que habría suscrito como nota verbal el encargado de negocios Oscar Muñoz Giraldo.
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Anticipándose a los riesgos legales, el Ministerio de Relaciones se lavó las manos y aclaró el jueves 14 de agosto en Bogotá que la nota verbal no había sido consultada ni autorizada por la Cancillería.
“El Ministerio precisa que, al momento del envío de la Nota Verbal, la actual viceministra de Relaciones Exteriores y Canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio no había asumido funciones”, dice el comunicado y también explica que ella asumió el cargo el 6 de junio de 2025, mientras que la orden de captura librada por el Tribunal Superior de Bogotá contra González se produjo el 3 de julio.
La canciller dijo que remitió la información difundida por los medios sobre la suerte del prófugo a la Oficina de Control Disciplinario para las indagaciones a que haya lugar.
Por lo pronto se sabe que el también exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República llegó al país centroamericano a finales del 2024, luego de un breve paso por Barcelona, España, donde recibió tratamiento para la diabetes que lo aqueja.
En Managua se encontraría solo, aunque en marzo de 2025 su esposa Luz Danna Leal renunció a un alto cargo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y anunció que buscaría nuevos rumbos. No está claro si dejó la dirección de Empleo, Trabajo o emprendimiento de la entidad para ir a reunirse con su esposo o para no inhabilitarse en su aspiración a llegar al Congreso de la República en las próximas elecciones. Ella, como él, hace parte de los cuadros del Partido Verde donde se hicieron poderosos.
Antes de la huida de González, incluso cuando él trabajaba en Bogotá, se reunían los fines de semana en su casa del condominio Cacique Campestre en Bucaramanga.
Las cartas del gobierno Petro para que Carlos Ramón González se entregue a la justicia
Aunque la Fiscalía dio parte a la Interpol el mismo día en que fue librada la orden de captura, la circular roja que debe ser emitida tendría un valor relativo. Nicaragua no considera vinculantes algunas normas del derecho internacional y por eso se retiró de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2019.
La justicia colombiana tendría como segunda opción para que Carlos Ramón comparezca el tratado de extradición firmado con Nicaragua el 25 de marzo de 1929 y aprobado por el Congreso de ese país el 26 de marzo de 1930. Sin embargo, la decisión de extraditar a una persona requerida por una jurisdicción extranjera es potestativa del gobierno y parecería poco probable que Daniel Ortega quisiera extraditar a alguien con quien tiene una fuerte afinidad política e ideológica.
Aunque el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores le lanzó un salvavidas al descargar la responsabilidad en un encargado de negocios, el congresista León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Managua cuando González llegó allí, dijo que prefería no hacer ningún comentario al respecto. Este renunció para asumir el 4 de febrero la curul de senador que dejó Humberto de la Calle
Otros dos altos funcionarios enredados penalmente por el caso de UNGRD
Quién también permanece oculto y estaría huyendo es César Manrique Socha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. Pero en su caso no hay rastro de que haya salido del país.
En contraste con la actitud del exdirector de Inteligencia, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, también incluido en el expediente del caso de la UNGRD, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía y dejó en claro que no piensa abandonar el país ni ocultarse y como prueba de ello entregó su pasaporte.
Bonilla está pendiente de comparecer ante una audiencia de imputación de cargos anunciada por la fiscal María Cristina Patiño González. Su abogado, el penalista Javier Torres, ha dicho que tiene cómo demostrar que Bonilla no ha obtenido lucro indebido de las funciones públicas que ha ejercido y que vive de una pensión modesta como profesor. Además, que en ningún momento se ha mostrado renuente ante los requerimientos de la administración de justicia
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