Dentro del modelo de Economía Social de Mercado en que creemos, el Estado debe recuperar y fortalecer las que si son sus funciones. Dentro de esas está la de proveer de justicia a quienes tenemos el privilegio de estar en Colombia.
Un aspecto tradicional de esa función es la de contar con instancias judiciales con las condiciones adecuadas para que se de pronta y cumplida justicia. Pero, en un marco como el que estamos viviendo de profundos y exagerados nacionalismos, debilitamiento y desaparición de los organismos supranacionales de comercio y total abandono de multilateralismo, es crítico que complementamos esa neutralidad de los jueces con medidas proactivas de parte del Gobierno para que nuestros empresarios puedan ejercer sus derechos aquí y en el extranjero.
Precisamos entonces de un muy significativo fortalecimiento de la institucionalidad oficial para la defensa de las empresas instaladas en Colombia y su articulación mediante la configuración de un Sistema de Justicia Empresarial:
El Ministerio Cabeza: Para comenzar, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo precisa ser restructurado para que esa labor sea clara, explícita y que la Cartera cuente con los recursos humanos, las funciones y facultades y el dinero que se precisa para dirigir y coordinar el Sistema.
Proteger el mercado colombiano: Es inaceptable que empresarios de otros países lleguen a nuestro mercado sin tener que cumplir con los estándares que se exige internamente. Para evitarlo, se deben dar directrices para la aplicación rigurosa de (i) Las medidas de defensa comercial (Dumping, subsidios y salvaguardias), (ii) Normas sobre competencia (Competencia desleal, antimonopolios), (iii) Disposiciones sobre protección a consumidores y usuarios; (iv) Requerimientos de capitales mínimos, relaciones de solvencia y análogos; (v) Inocuidad de alimentos (Agroindustria) y medicamentos; (vi) Cumplimiento de reglamentos técnicos; y (vii) Protección de la propiedad intelectual.
Proteger a los colombianos en el exterior: Cumplir con los estándares de otros países, cumplir con las condiciones diversas sobre nacionalidad, conocer la legislación y otros, son procesos costosos y difíciles. Además, las investigaciones que se realizan allá por prácticas comerciales, lavado de activos, simetría tributaria entre otras, precisan de abogados muy expertos y recolección de pruebas muy detallado. En todo ello debemos apoyar, sin tapujos, a las empresas colombianas exportadoras de bienes y servicios que enfrenten contenciosos en el exterior.
En esa misma dirección, se deben ampliar las funciones de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
Abuso de la posición de dominio y similares: Los empresarios colombianos son víctimas de abusos de la posición de dominio o carteles de empresas extranjeras. El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia es claro en que el Estado debe prevenir y reprimir esas infracciones. Para ello, es necesario dotar a la Superintendencia de Industria y Comercio de facultades jurisdiccionales, e implementar otras medidas para que, en materia de prácticas comerciales restrictivas exista una efectiva reparación e indemnización a las víctimas de esas prácticas anticompetitivas.
El Juez Comercial: Estamos en mora de fortalecer y ampliar las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades para que cubran los demás temas societarios y de comercio. En paralelo, se debe volver a la idea del desarrollo de una jurisdicción comercial que garantice mayor eficacia jurídica en el cumplimiento de los contratos.
En otras dos notas comentaré sobre la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias y la urgencia de una ley de pequeñas causas para empresarios.
Ahora que estamos pensando en lo que nos une, la creación de este sistema debe ser uno de esos puntos. Es una clara tarea para las cámaras de comercio, los gremios, centros de pensamiento, colegios de profesionales, facultades de derecho, economía, administración de empresas, gobierno, ligas de consumidores y sindicatos.
Del mismo autor: Una voz de libre empresa y libre competencia en las regulaciones
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