Solo hay lugar en Colombia reconocido por el vino: La Unión, un municipio en el norte del Valle donde se cultivan uvas que se procesan y embotellan con marca propia: Casa Grajales. Alberga la famosa Feria del Vino y la Cerveza y además hay un Museo de la Uva y el Vino fundado por quienes mandaron durante años en la región: los Grajales. Estuvieron en la cúspide con presencia en Bogotá, pero los hundió el mal que ha aquejado a Colombia desde la segunda mitad del siglo pasado, el narcotráfico, y terminaron perdiendo su emporio agroindustrial.
A finales de los años 70, Gerardo Grajales y sus hermanos le invirtieron los ahorros de la vida y mucho trabajo a sembrar uva a pesar de que era un negocio arriesgado en un país sin tradición y sin condiciones geográficas favorables. Adquirieron tierras, hicieron contactos empresariales y finalmente, para la década de los 80s, ya era un emporio ampliamente conocido nacionalmente, pero también en países de la región y hasta de Europa.
El vendaval del narcotráfico les llegó y un proyecto promisorio a nivel productivo y de desarrollo regional terminó contaminado por los dineros ilegales. La justicia demostró que habían entrado recursos provenientes del narcotráfico habida cuenta de la relación cercana, pero además familiar, con uno de los capos del Cartel del Norte del Valle, Iván Urdinola Grajales.
Su esposa Lorena Henao Montoya, hermana de otro capo del mismo grupo Orlando Henao, conocido como el hombre del overol, continuó con el negocio tras la muerte de Iván Urdinola, por intoxicación según el dictamen de Medicina Legal, en la cárcel de Itagüí, donde pagaba una condena de 17 años, acusado de haber participado en la masacre de Trujillo.
Tenía poco más de cuarenta años y amasaba un gran poder en el Dovio, donde nació y fue sepultado en un gran funeral y en Zarzal, vecino de la región agroindustrial del Valle, donde fue capturado en febrero del 2002. Su esposa, más dura incluso que él, continuó con las actividades ilegales hasta su detención en 2010, incrementado el poder al punto de haber logrado quedar libre por cuenta de la infiltración al aparato judicial regional.
La Corte Suprema de Justicia identificó y condeno a los tres exfiscales que la habrían favorecido. Terminó asesinada dos años después cuando se movilizaba en un carro en la ciudad de Cali desde donde manejaba su narco emporio.
Con recursos provenientes del narcotráfico, el proyecto agroindustrial creció de manera exponencial y se convirtió incluso en un polo de desarrollo del norte del Valle y un gran empleador en la zona, que terminó finalmente controlado por Iván Urdinola y su esposa Lorena Henao.
Raúl Alberto Grajales aceptó que en los 90s Iván Urdinola le había hecho un préstamo de $10 mil millones a Gerardo Grajales, el cual sirvió de antesala para hacerse con el 60% de la compañía y con otra inyección de recursos se hizo al restante 40%, con lo cual se quedó con el control total. El manejo se lo delegó a su esposa que aprovechó para legalizar grandes sumas de dinero a través del negocio de Casa Grajales.
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El gobierno le seguía la pista a esta operación de lavado hasta que, en 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) tomó control de los negocios del Grupo Grajales. Cuatro años después, ya en el gobierno Santos con Juan Carlos Restrepo en la DNE, se le entregó la administración de los bienes a una sociedad de carácter privado conocedora de la agroindustria para garantizar el funcionamiento de empresarial y garantizar los 14 mil empleos.
La Dirección Nacional de estupefacientes se transformó en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se convirtió en una entidad clave en el gobierno de Gustavo Petro. Fue nombrado para dirigirla Daniel Rojas, quien venía de ser el director programático de la campaña quien se propuso desde el primer día descongelar la mayor cantidad de predios posibles para destinarlos a diferentes usos sociales, además de las tierras rurales para la reforma agraria.
Rojas conformó una Junta Directiva para vigilar la valiosa inversión vinícola y empresarial que le deriva importantes réditos al Estado, presidida por el entonces Vicepresidente Jurídico, el abogado Sebastián Caballero, quien ahora dirige el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa en el Ministerio de Educación. La integraban también Eric Salazar, Santiago Castaño, Juan Carlos Lezama, Jhair Medina y María Camila Lerma.
Igualmente, la nueva presidenta de la SAE, Amelia Pérez, quien tomó posesión del cargo a finales del año pasado, encontró prioritario atender este bien productivo que reportó ventas en el 2022, cuando inició el gobierno Petro, de $ 45 mil millones, porque además de la inversión agroindustrial Casa Grajales tiene actividades de turismo.
En la Asamblea Ordinaria del 31 de marzo presentó una modificación de la Junta Directiva, la cual consistió en remover el nombre de Sebastián Caballero, uno de los funcionarios de confianza de Rojas, sin afectar ninguno de los otros renglones.
La decisión no fue de buen recibió por parte de Daniel Rojas, quien aspiraba, aunque la mayoría de su equipo directivo se trasladó a trabajar con él en el Ministerio de Educación, tener continuidad en el funcionamiento de la SAE.
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Tan es así que en el pasado Consejo de Ministros televisado, el anterior vicepresidente administrativo y financiero de la SAE, Sebastián Rivera, solicitó desde su nuevo cargo –de director de la Unidad de Alimentos para Aprender– que se hiciera efectivo el traspaso de algunos de los bienes del Grupo Grajales a la entidad bajo su dirección, que es un ente autónomo adscrito al Ministerio, algo de lo que no está muy convencida de hacer la hoy presidenta de la SAE, Amelia Pérez, quien además solicitó una auditoría independiente en la compañía.
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