El proceso disciplinario que puso a Álvaro Leyva por fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores está aún sin resolverse. La entonces procuradora Margarita Cabello profirió el 12 de noviembre de 2024, en vísperas de dejar el cargo, una sanción, que contempla destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas durante una década. Según la Procuraduría, Leyva incurrió en una falta gravísima a título de dolo al declarar desierta la licitación para la expedición de pasaportes, pese a que la empresa Thomas Greg & Sons cumplía con todos los requisitos exigidos. Había seguido la orden del presidente Petro y la jugó el todo por el nada para no contradecirlo.
El fallo de primera instancia fue proferido por un subordinado de Cabello, el procurador delegado Ernesto Espinosa, integrante de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento. En su decisión, Espinosa concluyó que la actuación de Leyva puso en riesgo la continuidad del servicio público de expedición de pasaportes y vulneró los principios de contratación pública. El abogado Carlos Alberto Cepeda, quien lidera la defensa del excanciller, apeló la decisión, lo que abrió la puerta a una segunda instancia que se ha desarrollado en un contexto altamente político.
Inicialmente, la apelación debía ser evaluada por Margarita Cabello, quien firmó el fallo de primera instancia. Sin embargo, Leyva presentó una recusación en su contra, argumentando que Cabello había emitido declaraciones públicas que comprometían su imparcialidad. Aunque la funcionaria rechazó el recurso, el caso fue elevado al Consejo de Estado para resolver el conflicto y con ello la defensa de Leyva ganó tiempo para asegurar que la apelación no quedara
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Pero con la llegada de un nuevo jefe del Ministerio Público, el escenario cambió. Desde el 16 de enero de 2025, el procurador general es Gregorio Eljach, quien asumió el cargo en reemplazo de Cabello. Con esta transición, la recusación perdió vigencia, ya que las causales alegadas por Leyva no aplican al nuevo funcionario. En consecuencia, será Eljach quien decida en última instancia si se ratifica o se revoca la sanción contra el excanciller.
Eljach, quien ha navegado por décadas en el mundo de la política, pero se ha rodeado de profesionales técnicos en las procuradurías delegadas, tiene sobre su escritorio la decisión final. Leyva, quien ha sido protagonista de unas duras denuncias a través de cartas al país que señalan el comportamiento del Presidente Petro como una afrenta a la estabilidad de Colombia ha llamado la atención sobre las presiones alrededor de su caso advirtiendo:
“Es evidente que algo se está cocinando judicialmente en mi contra. Y, por eso, apelo al profesionalismo de todos los operadores jurídicos, para que la constitución y la ley sean su único faro”.
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