A veces los cambios más profundos en las reglas del juego no ocurren en titulares estruendosos, sino escondidos en medio de reformas que pocos ven. Y eso es lo que parece estar ocurriendo en la Comisión Quinta del Congreso, cuyo presidente es el senador Marcos Daniel Pineda García y donde se discute la conciliación final de un proyecto de ley sobre economía circular. En ese texto conciliado, apareció un artículo que cambiaría el futuro de la regulación del aseo en Colombia y reduciría drásticamente las competencias de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en las principales ciudades del país.
El artículo, aparentemente técnico, plantea que, en las ciudades con más de un millón de habitantes, ya no será necesario que la CRA autorice las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), una figura clave para organizar licitaciones en las que un solo operador maneja una zona completa de aseo. En cambio, el control y autorización quedarían en manos de las propias autoridades locales o distritales.
Esto no solo representa un giro en el diseño del servicio público de aseo, sino que modifica de facto la Ley 142 de 1994, que establece los mecanismos de regulación, control y evaluación del sector. Según expertos consultados, esto constituye una reforma material a una ley de servicios públicos por vía de una norma que no trata de ese asunto, lo cual sería abiertamente inconstitucional.
¿Por qué esto importa ahora?
Porque la ciudad que más se “beneficiaría” de esta modificación es Bogotá, donde recientemente la CRA rechazó la propuesta de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para implementar un nuevo modelo de aseo basado en ASE. La CRA le pidió a la administración de Carlos Fernando Galán que mejorara los estudios técnicos, justificara mejor las tarifas, y aclarara cómo protegería los derechos de los recicladores. Pero tras varios autos y resoluciones, el resultado fue claro: no se cumplían los requisitos mínimos. El esquema fue inadmitido.
Ante esto, lo que parecía una derrota técnica empieza a verse como un problema político. La UAESP gastó más de 800 millones de pesos en asesorías, incluyendo consultores que años atrás habían demandado la existencia misma de las ASE. Sin embargo, ni los estudios ni los argumentos convencieron a la CRA. La gestión fue fallida. Y ahora, en lugar de corregir el modelo, el camino parecería ser otro: quitarle poder al regulador.
Esto tiene consecuencias profundas:
- Se rompe el principio de autonomía técnica e independencia regulatoria.
- Se debilita la progresividad tarifaria que protege a los recicladores.
- Se abre la puerta a que cada alcalde defina unilateralmente el modelo, sin criterios uniformes.
- Se pone en riesgo la calidad, cobertura y sostenibilidad del servicio.
Y todo esto se intenta hacer sin debate público, sin consulta a la CRA, sin estudio de impacto regulatorio, sin estudios sobre la libre competencia. Estirando el alcance de una ley sobre economía circular, se quiere meter un artículo, un encargo, un favorcito, que cambia el corazón de la regulación de aseo en Colombia.
La pregunta es: ¿esto es una reforma o es un “mico”? ¿Una necesidad real o un salvavidas político? Porque si lo que se busca es corregir el fracaso de un modelo, no puede hacerse debilitando las instituciones que lo controlan.
Este episodio es una señal de alerta sobre el uso estratégico de las leyes a la medida para desarmar a los órganos técnicos cuando incomodan. Y sobre el riesgo de convertir la regulación en una herramienta subordinada al interés político de turno.
Si el Congreso aprueba esta reforma sin escrutinio, no solo estaría salvando a una administración local que falló, sino que estaría sentando un precedente de debilitamiento institucional que afectaría a todo el país.
Sin embargo, ante la negativa de CRA de aprobar la propuesta presentada por la Directora de la UAESP Consuelo Ordoñez para darle continuidad al actual modelo de aseo en la ciudad de áreas exclusivas. Ordoñez dijo que apelará la decisión emitida por la comisión porque según la funcionaria, está convencida que, las áreas de servicio exclusivo son la mejor opción para Bogotá, en vez de un modelo de libre competencia.
Aquí lo grave es que, en febrero de 2026 termina el contrato de áreas exclusivas con los actuales operadores, los 5 en que fue divida la ciudad para prestar el servicio de aseo, ellos son: Lime, Bogotá Limpia, Ciudad Limpia, Promoambiental y Area Limpia. En caso de que a la Administración de Carlos Fernando Galán le toque cambiar el modelo de aseo que se maneja en la ciudad de áreas exclusivas a otro de libre competencia, la UAESP se vería en problemas para implementarlo de forma rápida porque los tiempos no darían para hacer esa transición y la ciudad podría verse abocada a una emergencia sanitaria.
Desde 2018 cuando el exalcalde Enrique Peñalosa adjudico el contrato de áreas de servicio exclusivo a los 5 operadores, Bogotá es la única ciudad del país que tiene este modelo y la idea del Alcalde Galán es mantener el esquema. Aunque el este modelo ha sido bueno en algunos aspectos para la ciudad, también ha tenido muchos problemas como es el caso de los desechos y regueros en las calles, donde la UAESP cada año tiene que invertir unos 25 mil millones de pesos para limpiar las vías.
Por ello la directora de la UAESP Consuelo Ordoñez ha manifestado que en los nuevos contratos incluiría nuevos servicios para la recolección de dichos residuos, los escombros y muebles viejos, que no quedó estipulado en los contratos vigentes y de esta forma subsanar el problema con los residuos y regueros que a diario que se ven en las vías de la ciudad.
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