El equipo jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ganó un laudo arbitral iniciado el 27 de julio de 2023 por la Sociedad Concesionaria Vial Andina S.A.S. (Coviandina) relacionado con la ejecución del proyecto Bogotá - Chirajara – Villavicencio, suscrito en el contrato de concesión APP No. 005 de 2015. La concesionaria pretendía que el Gobierno asumiera en su totalidad las responsabilidades sobre la obtención de pólizas de seguro y asignación de riesgos por hechos ajenos o no imputables al concesionario luego del colapso del Puente Chirajara cuya construcción y reconstrucción estuvo a cargo de la Concesionaria Vial de los Andes - Coviandes, y de Coninvial como constructor encargado de la vía.
Coviandina es la sociedad concesionaria vial encargada de la operación y mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio cuyos accionistas principales son Episol S.A.S. y Concecol S.A.S., ambas empresas filiales de Corficolombiana, que a su vez pertenece al Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Coviandes y Coninvial son a su vez filiales de Corficolombiana.
Es de recordar que en enero 15 de 2018 durante las obras de construcción del Puente Chirajara, uno de los pilones de la estructura se desplomó provocando la muerte de nueve personas. La investigación determinó que la causa principal del colapso fue una falla en el diseño, específicamente en la capacidad del tabique y la losa cabezal de la pila B, que no pudieron soportar las cargas a las que estaba sometido el puente.
La caída del puente Chirajara dio inicio a un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Bogotá entre las partes implicadas: el grupo Gisaico, constructor y diseñador del puente y Coviandes y su contratista Coninvial. El Tribunal Arbitral tras estudiar las causas del accidente, encontró en marzo de 2020 probados errores de diseño y construcción en el Puente Chirajara, ambas obligaciones a cargo de Gisaico. A juicio del Tribunal, los errores de diseño y construcción participaron en la causa del colapso del puente Chirajara, por lo que el Tribunal declaró el incumplimiento del contrato y obligó a Gisaico a indemnizar a Coninvial con $ 6.000 millones.
La actual controversia entre la ANI y Coviandina, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se centró en la discusión sobre la obtención de pólizas de seguro y la asignación de riesgos por hechos ajenos o no imputables al concesionario. Las pretensiones de Coviandina, que fueron desestimadas por el tribunal, buscaban la nulidad de una cláusula contractual que trasladaba esas responsabilidades, aunque accedió a la interpretación del concesionario en el sentido que de que este no tiene a su cargo las reparaciones de la infraestructura que sufra daños y no este cubierta por una póliza de seguro, cuando la ausencia de cobertura se deba a una causa extraña.
El tribunal de arbitramiento reiteró que cualquier discusión sobre la asunción de daños no cubiertos por seguro debe tramitarse bajo el procedimiento especial de Evento Eximente de Responsabilidad previsto en el contrato, o sea, a través de un panel de amigables componedores, es decir, personas o expertos escogidos por ambas partes para resolver conflictos.
La constructora entregó nuevo puente pero no está operativo
A raíz de la caída del puente, y con el objetivo de restituir dicha infraestructura, la ANI y Coviandes firmaron un acuerdo el 5 de enero de 2021, que incluyó los diseños del nuevo puente y su construcción de treinta y dos meses, que culmino en diciembre de 2023, dos meses antes del plazo pactado, sin embargo el puente no está operativo debido a problemas en los túneles que lo conectan.
El 100% de la inversión, equivalente a $ 96 mil millonespara el nuevo diseño y construcción del puente, fue aportado por los accionistas de la empresa EPC de Coviandes (CONINVIAL S.A.S.), así como los costos de la Interventoría de diseño y construcción, pagando a la ANI la suma de $ 7.747 millones. Además, dada la imposibilidad de entregar las obras del puente Chirajara dentro del plazo inicial del contrato, Coviandes realizó dos compensaciones a la ANI, la primera ascendió a $ 8.353 millones, y la segunda fue de $ 8.558 millones.
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