Vivimos un momento en el que múltiples asuntos políticos y sociales estremecen la vida colectiva del país. Se discute —con intensidad y sin tregua— sobre las realizaciones del actual gobierno, el juicio a un expresidente, el atentado contra un precandidato presidencial, el aumento de aranceles por parte de los Estados Unidos, la creación de una posible zona económica especial binacional con Venezuela, las garantías de la administración de justicia, el resurgimiento de la violencia armada en regiones históricamente afectadas, el manejo de las tasas de interés por parte del Banco de la República, la crisis del sistema de salud, entre otros temas de gran calado.
Y sin embargo, a pesar de la importancia y complejidad de estos hechos y procesos en curso, el debate público en muchos espacios se ha tornado superficial, agresivo y cada vez más desacertado. En lugar de promover una reflexión pausada y compartida, asistimos a una suerte de “olimpiadas del maltrato”, donde políticos de todos los sectores, líderes gremiales, opinadores, periodistas y ciudadanos organizados o espontáneos, se lanzan al juicio inmediato, al insulto fácil y a la confrontación sin escucha.
Este comportamiento no es inocuo, reproduce una cultura de la descalificación que se filtra en todos los niveles de la vida cotidiana: en los barrios, en los hogares, en los grupos sociales, en las redes. La consecuencia más grave es que se vuelve imposible tramitar los conflictos legítimos de forma constructiva; se anulan los matices, se bloquean las posibilidades de entendimiento, se reemplaza el diálogo por la sospecha, y el conflicto político - tan necesario en democracia -, se degrada a peleas estériles.
Un síntoma claro de este deterioro es la paradoja de que todos hablan de la necesidad de un “acuerdo nacional”, pero cada quien lo imagina desde su lenguaje, sus intereses y su trinchera. Así, no hay espacio compartido, ni reglas del juego común, y mucho menos una esfera pública en la que puedan surgir ideas renovadoras, propuestas viables o caminos de reconciliación.
No se trata de negar el conflicto - ni mucho menos de despolitizar la vida pública -, sino de recordarnos que hay formas más hondas, más humanas y más eficaces de confrontar los desafíos que tenemos como sociedad; formas que exigen pausa, atención, escucha activa, y también un cierto coraje para callar cuando el ruido no permite pensar. Al respecto vale la pena preguntarnos: ¿Qué podemos hacer como ciudadanías?
Es urgente reactivar otros modos de conversar el país
Es urgente reactivar otros modos de conversar el país; modos que no evadan los conflictos, sino que los acojan con sentido crítico, con disposición a aprender de las diferencias y con voluntad real de explorar soluciones. Esto no depende solo de los grandes liderazgos institucionales; también empieza en nuestros entornos más próximos: en cómo discutimos en los barrios, en las aulas, en los medios, en las redes sociales, en los colectivos vecinales o comunitarios.
Tal vez el gesto más necesario en este tiempo no sea hablar más fuerte, sino saber callar a tiempo. Callar no como acto de censura o resignación, sino como condición para volver a escuchar; solo así podremos distinguir entre el bullicio y la palabra significativa, entre el grito y la propuesta; solo así podremos volver a hablar con otros y no solamente contra otros.
El país necesita menos aquelarres de gritería y más espacios de conversación honesta, valiente y cuidadosa. De nosotros depende que esos espacios emerjan y se sostengan; empecemos, pues, por el gesto más sencillo y más revolucionario: escuchar de verdad, para que vuelva a tener sentido hablar.
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