Ningún momento es ideal para que un país sea notificado por Washington de una decisión que descalifica sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Pero el día escogido por la administración Trump, en el caso de Colombia, no fue el mejor.
Ocurrió mientras las colonias hispanas aquí seguían, sobrecogidas, el desarrollo de noticias que calan profundo en su naturaleza: la manera heroica como un puñado de policías colombianos resistía el inmisericorde ataque de una facción guerrillera -cebada económica y militarmente por el narcotráfico- contra su cuartel en el poblado caucano de El Carmelo.
Lea también: Va a ser clave si hay descertificación o no
Mientras allí mismo, en el sur del país, un joven soldado se arrastraba serpenteando su cuerpo y sobreponiendo su valor al instinto de conservación para desactivar un cilindro bomba que terroristas habían puesto sobre la calzada de una carretera. Un cilindro bomba que, por cruel paradoja, estaba pintado con los colores de la bandera nacional.
A esa hora de héroes y mártires, El Departamento de Estado comunicaba la descertificación a Colombia y explicaba sus razones en un documento titulado “determinación presidencial sobre los países de tránsito o producción importante de drogas ilícitas para el año fiscal 2026”.
Apoyado en una ley de autorización de Relaciones Exteriores del año 2003 (sección 706, para ser más exactos) el presidente Trump mencionaba a Colombia, al lado de Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela y los describía como “países que han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 años en cumplir con sus obligaciones en virtud de acuerdos internacionales contra los narcóticos”.
Luego los hacía corresponsables del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas mortales que, según la Casa Blanca, sigue siendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años.
Noche de contrastes la de este 15 de septiembre de 2025. Mientras el presidente Gustavo Petro se quejaba en su habitual Consejo de ministros televisado de que Estados Unidos no reconociera la cuota de sacrificio y sangre que Colombia ha tenido que pagar en sus esfuerzos por evitar que los narcóticos lleguen a sus consumidores, el presidente Trump acuñaba sus propias cifras.
Según el documento suscrito por Trump, más del 40 por ciento de los estadounidenses conocen a alguien que ha muerto por sobredosis de opioides, y en 2024 este país promedió más de 200 muertes diarias por causa del consumo.
“En Colombia -se lee en uno de los párrafos más críticos- el cultivo de coca y producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo el presidente Gustavo Petro y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo ha exacerbado la crisis”.
En el entretanto, siempre según Trump, el gobierno de Colombia no cumplió ni siquiera con sus propios objetivos de erradicación de coca, significativamente reducidos, socavando años de cooperación mutuamente beneficiosa cuando se combatía a un enemigo común.
El documento de descertificación reservó un espacio para destacar, en una alusión a la polarización que existe en Colombia entre niveles del gobierno, los esfuerzos del estamento militar y los alcaldes. “Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentar a grupos terroristas y criminales y Estados Unidos valora el servicio y sacrificio de sus dedicados servidores públicos”, destaca uno de los apartados.
Una suerte de matrícula condicional
El siguiente párrafo de la determinación presidencial pone un poco más de sal sobre la herida antes de señalar condiciones para reversar la descertificación más adelante: “El fracaso de Colombia en cumplir sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político”.
“Consideraré -promete luego- cambiar esta designación si el gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes la producen, trafican y se benefician de su producción”. No alude a la posibilidad planteada por el propio presidente Petro de que Colombia vuelva a las aspersiones con glifosato.
Uno de los factores que hacía más tensa la espera de la decisión se relacionaba con la posible suspensión de la ayuda militar y la cooperación económica. La decisión, basada en el “interés nacional” de Washington es que no habrá recortes para no conspirar contra la intensidad que se reclama en las misiones de antinarcóticos.
Académicos y columnistas de medios acreditados bien acreditados aquí abogan por abolir el término “ayuda” y sustituirlo por el de “corresponsabilidad”, pues Estados Unidos es tan responsable del consumo como los países que descertifica por la producción.
En su pronunciamiento el gobierno Trump pasa revista a lo que ocurre en su vecindario y en otras latitudes de América Latina. Sigue considerando a Nicolás Maduro como al jefe de un cartel criminal y promete llevarlo a la justicia, aunque no hace mayores consideraciones sobre el despliegue militar lanzado por Washington en el Mar Caribe.
Hace una amplia apología de lo que denomina la fuerza económica de Estados Unidos (para los entendidos elevación de las tarifas arancelarias) y dice que gracias a ello Mark Carney primer ministro de Canadá nombró a un “zar del fentanilo” y busca mayores facultades para combatir el tráfico. También, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha desplegado 10.000 efectivos en la frontera común y ha extraditado a 29 objetivos de alto valor, incluyendo a capos de carteles.
Colombia recibe una calificación inferior a Bolivia y Afganistán y se queda con un pobre reconocimiento a sus esfuerzos, más allá de las coyunturas políticas.
Anuncios.
Anuncios.
