A comienzos de julio de 2025, Eduardo Melchor Arana Isa, presidente del Consejo de Ministros del Perú, le entregó a la presidenta de su país, Dina Boluarte Zegarra, el texto de una Ley que acaba de aprobar el Congreso y que podría generar algunas tensiones con Colombia.
Se trataba de un documento legislativo que le daba estatus de distrito a Santa Rosa de Loreto, un asentamiento que surgió sobre un playón seco creado al paso de los años con las variaciones naturales del cauce del río Amazonas, cerca de Leticia.
La Presidenta estampó su firma para sancionar la ley, luego de leer su texto con un equipo de asesores de la Casa de Pizarro, sede del Gobierno. Revisó sus cinco artículos y dos disposiciones complementarias transitorias y se fijó bien las coordenadas y la representación cartográfica definidas en el texto.
Los límites descritos en la ley para la nueva entidad territorial, situada en la provincia del Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto, partirían de la desembocadura del río Callarú y continuaría hacia el sureste “siguiendo el límite internacional con la República de Colombia, conforme al Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial, suscrito en Lima el 24 de marzo de 1922”.
En un intento por justificar la demarcación, el texto citaba también instrumentos internacionales firmados con Brasil -país que también podría tener interés en ese territorio-, entre ellos la Convención Fluvial sobre Comercio y Navegación, suscrito en Lima el 23 de octubre de 1851.
Sin embargo, ni en la exposición de motivos ni en las normas establecidas por la Ley se hacía alusión a la necesidad de haber consultado previamente con los gobiernos de Colombia y Brasil, vecinos de Perú en la triple frontera, con lo cual la decisión legislativa sobre el territorio podría convertirse en un acto unilateral de redefinición de la frontera. Los diálogos incipientes que alguna vez se produjeron al respecto fueron abandonados sin éxito.
Como lo había previsto sigilosamente el Perú, su nueva ley generaría reacciones adversas, especialmente en Colombia. Los dos países manejan sus relaciones diplomáticas a través de encargados de negocios desde febrero de 2023, cuando el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su colega peruano de entonces, Pedro Castillo, destituido y arrestado el 7 de diciembre de 2022.
Este juicio a un presidente de la república, es por ser pobre y de izquierda. Un insulto a la convención americana de derechos humanos y un insulto a la democracia. La voluntad popular que lo eligió presidente fue simplemente burlada. https://t.co/oaUiww4W2T
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 4, 2025
“En el Perú marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, declaró entonces Petro. Esa declaración hizo que el Congreso de Lima declarara al Presidente de Colombia “persona non grata”.
Desde entonces las tensiones entre los dos países no disminuyeron. Eso quedó claro el 24 de mayo de 2025, día de la posesión de Daniel Noboa como presidente de Ecuador. Durante aquella ceremonia, la presidente peruana Lina Boluarte se negó a saludar al presidente Petro, lo dejó con la mano extendida y ni siquiera lo miró a la cara.
La reacción colombiana
Cuando conoció la ley sancionada por su colega peruana, Petro reaccionó con dureza, como era previsible: “Han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda, y el Gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “Esa acción unilateral violatoria del tratado de Río de Janeiro (1934) puede desaparecer a Leticia como puerto amazónico, quitándole su vida comercial”.
La Cancillería colombiana acompañó el pronunciamiento del jefe del Estado con un comunicado en el que reclama que los territorios surgidos sobre el río Amazonas sean objeto de un proceso de asignación de común acuerdo, a la luz de tratados de 1922 y 1929.
En tono enfático, el comunicado subraya también: “Durante años, Colombia ha sostenido la necesidad de que se realice el trabajo binacional para la asignación de las islas, y ha reiterado la posición de que la isla de Santa Rosa no ha sido asignada a Perú”.
Aún así, una declaración que la Cancillería colombiana ha considerado infortunada de uno de sus funcionarios ha servido para que el gobierno se declare dispuesto a retomar los cauces del diálogo. El abogado Diego Felipe Cadena, director técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró por cuenta propia que la “isla de Santa Rosa” no pertenece a Perú y está ocupada irregularmente por ese país.
El Ministerio desautorizó a su funcionario y reafirmó la vocación de diálogo con Perú y de fomentar las relaciones históricas.
Un glosario para la prensa
Los pronunciamientos de la Cancillería peruana han sido hasta ahora interno. El despacho inició una campaña orienta a unificar el lenguaje de sus nacionales y de sus medios de comunicación, previendo un potencial diferendo con Colombia. Busca, por ejemplo, que nadie se refiera a la entidad territorial recién creada como a la "isla de Santa Rosa", sino como al "distrito de Santa Rosa" situado dentro de la Isla de Chinería. El Ministro de relaciones exteriores del Peru Elmer Schialer ha mantenido prudencia diplomática.
El glosario peruano en construcción busca dar por sentado que “el espacio erróneamente denominado ‘Isla de Santa Rosa’ surgió como una división natural de la parte sur de la ‘isla Chinería. Sin embargo, con el paso del tiempo, el brazo del río Amazonas, que generaba una aparente separación, se secó eliminando la división de tierra seca de la Isla de Chinería”.
Según analistas colombianos, la intención peruana es reclamar derechos sobre el municipio recién creado porque allí ya existe una infraestructura social y administrativa que refleja presencia del Estado.
El presidente Gustavo Petro decidió, en principio, hacer una expresión de soberanía en el área colombiana de la triple frontera y por eso celebrará en Leticia el Día de la Batalla de Boyacá, vital para la independencia del país.
Brasil guarda por ahora silencio.
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